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Blog del Creap
Valencia

12 - 11 - 2026

Autora: Alma Belenguer Hurtado. Jefa de sección. Centro de Referencia Estatal de Atención Psicosocial (Creap). Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso).

El pasado 5 de noviembre, el Creap acogió el coloquio sobre prevención, intervención y posvención del suicidio. A continuación, compartimos una crónica que recoge las principales reflexiones y experiencias expuestas durante la jornada. Debido a la extensión de los contenidos, esta se presenta en dos partes.

El coloquio en cifras

El coloquio se celebró el 5 de noviembre en formato online y reunió a profesionales de ámbitos muy diversos implicados en la prevención, intervención y posvención del suicidio, entre ellos servicios sociales de emergencia, salud mental, emergencias sanitarias, policía, bomberos, educación y asociaciones de personas afectadas. La jornada registró 341 inscripciones y contó con la participación efectiva de 226 asistentes, con un tiempo medio de conexión de 3 horas y 43 minutos, lo que refleja el alto interés suscitado por esta temática.

Prevención del suicidio: del desarrollo de estrategias a su aplicación efectiva

La primera mesa del coloquio permitió analizar los avances alcanzados durante los últimos años en el ámbito de la prevención del suicidio. Las personas participantes coincidieron en reconocer que actualmente existe una mayor sensibilización social e institucional sobre esta realidad, reflejada en el desarrollo de estrategias autonómicas, planes de actuación, protocolos específicos, guías profesionales y programas de intervención. Este proceso ha contribuido a incrementar los recursos disponibles y a fundamentar la actuación de los servicios en recomendaciones basadas en la evidencia científica.

No obstante, Mª Loreto Medina Garrido puso el acento en la necesidad de consolidar este marco de actuación. Más allá de la proliferación de estrategias y documentos, consideró prioritario avanzar hacia criterios comunes que permitan ordenar los recursos existentes, garantizar su sostenibilidad y evitar la fragmentación de iniciativas. Asimismo, insistió en que tan importante como disponer de planes es evaluar periódicamente sus resultados para conocer su impacto real y actualizar las actuaciones cuando sea necesario.

Uno de los mensajes más relevantes de su intervención fue la utilidad de las denominadas quick wins, pequeñas actuaciones capaces de generar resultados significativos en plazos relativamente breves. Entre ellas destacó la formación de profesionales de distintos ámbitos en detección e intervención ante el riesgo suicida. Según señaló, conocer cómo abordar una conversación sobre suicidio, qué expresiones evitar, cómo acompañar a una persona en crisis y cuáles son los recursos disponibles debería formar parte de las competencias básicas de cualquier profesional que trabaje con personas.

La prevención fue entendida durante toda la mesa como una responsabilidad compartida que trasciende el ámbito sanitario. Se destacó la relevancia de los sistemas educativos, los servicios sociales, el ámbito laboral y las redes comunitarias como espacios estratégicos para la detección temprana y la promoción de factores protectores. En este sentido, Olalla Villaronga Seoane defendió la necesidad de adaptar las recomendaciones a las características específicas de cada territorio. Aspectos como la edad de la población, las diferencias de género, la accesibilidad de los recursos, la existencia de redes comunitarias o la disponibilidad de apoyos sociales condicionan la eficacia de cualquier estrategia preventiva. Desde esta perspectiva, insistió en que los recursos deben acercarse a la comunidad y reforzar los factores de protección presentes en el entorno cotidiano de las personas.

La coordinación entre administraciones y servicios también apareció como uno de los principales desafíos. Las personas participantes señalaron la necesidad de construir respuestas interdisciplinarias y establecer protocolos compartidos entre los distintos dispositivos que intervienen ante situaciones de riesgo. Esta coordinación resulta especialmente importante durante las crisis, pero también en las fases previas de detección y en los procesos posteriores de seguimiento. 

Otro de los grandes temas abordados fue la necesidad de mejorar los sistemas de información disponibles. Javier Jiménez puso de relieve las limitaciones de las estadísticas actuales para comprender la magnitud de la conducta suicida. Explicó que gran parte de los sistemas de información se centran en los fallecimientos por suicidio y ofrecen escasa información sobre los intentos no consumados o las situaciones de ideación suicida, a pesar de que el antecedente de intento previo constituye uno de los principales factores predictivos.

Asimismo, señaló las dificultades existentes para realizar análisis comparativos y comprender las causas asociadas a este fenómeno debido a la limitada información recogida en los registros actuales. La mejora de los sistemas de información fue identificada como una condición indispensable para orientar prioridades y evaluar políticas públicas.

La mesa concluyó con una reflexión sobre la importancia de la educación emocional. Paloma Sainz presentó experiencias orientadas al aprendizaje social y emocional en la infancia y la adolescencia, destacando el papel de la escuela como entorno protector. Según explicó, las intervenciones dirigidas a fortalecer el bienestar socioemocional han mostrado efectos positivos en la reducción del malestar psicológico, la ansiedad y la depresión, generando beneficios que trascienden la prevención específica del suicidio.

“La formación es una clave transversal para prevenir el suicidio, sin necesidad de ser profesional de la psiquiatría o la psicología”. Mª Loreto Medina Garrido.

Intervención en situaciones de riesgo: coordinación, formación y continuidad asistencial
 

La segunda mesa del coloquio se centró en las actuaciones desarrolladas cuando una persona se encuentra en situación de riesgo suicida y en los desafíos que afrontan los distintos servicios implicados en la atención a las crisis. Las intervenciones permitieron conocer experiencias desarrolladas desde la salud mental, los servicios de emergencia, los servicios sociales y los dispositivos especializados de prevención, poniendo de manifiesto la necesidad de construir respuestas coordinadas y continuadas en el tiempo.

Una de las experiencias presentadas fue la desarrollada por Angelica Cautle en el Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Durante su intervención destacó que en los últimos años se ha observado un incremento de las consultas relacionadas con la ideación suicida y una disminución relativa de los intentos consumados atendidos en urgencias, una tendencia que podría estar relacionada con una detección más temprana de las situaciones de riesgo y con un mayor acceso a recursos especializados antes de que la conducta suicida llegue a materializarse.

La profesional explicó el funcionamiento del Código de Riesgo Suicida, un procedimiento que articula la atención a las personas desde el momento de la detección del riesgo hasta el seguimiento preventivo posterior. El modelo integra la atención urgente, la observación clínica, los posibles ingresos hospitalarios, el alta y un sistema de seguimiento longitudinal que permite mantener el contacto con la persona durante el periodo posterior a la crisis. Esta continuidad asistencial constituye uno de los elementos más relevantes de la experiencia presentada, ya que evita que la persona quede desconectada de los recursos una vez superada la situación de emergencia inmediata.

Otro de los aspectos abordados por Angelica Cautle fue la dificultad inherente a la valoración del riesgo suicida. Lejos de responder a una única causa o a indicadores simples, la conducta suicida requiere una evaluación compleja que contemple factores de riesgo y protección, antecedentes personales, factores precipitantes, estado psicopatológico, experiencias de sufrimiento, desesperanza, sentimientos de culpa y circunstancias vitales. Esta complejidad exige profesionales específicamente formados y procedimientos rigurosos que permitan recopilar la máxima información posible para fundamentar las decisiones clínicas.

La mesa también puso de relieve la ausencia de una estandarización suficiente en la valoración de la conducta suicida. Aunque existen múltiples protocolos y guías, todavía persisten diferencias entre territorios y recursos asistenciales, por lo que se señaló la conveniencia de reforzar la formación específica de los profesionales sanitarios y avanzar hacia procedimientos compartidos que mejoren la homogeneidad de la atención.

Desde el ámbito de las emergencias, Juan Espin presentó la experiencia de la Unidad de Tentativa Suicida de los Bomberos de Valencia. Su intervención permitió visibilizar la frecuencia con la que estos profesionales participan en situaciones de riesgo suicida y la necesidad de que dispongan de una preparación específica para intervenir en contextos de elevada complejidad emocional. Aunque el cuerpo de bomberos dispone de formación especializada y protocolos de actuación, señaló que estos contenidos todavía no forman parte de la formación básica de acceso a la profesión, lo que obliga a complementar posteriormente la capacitación de las nuevas incorporaciones.

En este contexto, destacó la importancia de los simulacros y entrenamientos periódicos como herramientas para consolidar conocimientos, mejorar la coordinación operativa y aumentar la confianza de los profesionales ante intervenciones especialmente delicadas. La formación continuada, señaló, constituye un requisito indispensable para garantizar respuestas seguras y eficaces.

Una cuestión recurrente durante el debate fue la coordinación entre los diferentes dispositivos que intervienen en una misma emergencia. Policía, bomberos, servicios sanitarios, recursos sociales y otros profesionales pueden coincidir simultáneamente en la atención a una persona en crisis. Esta confluencia exige resolver aspectos operativos complejos relacionados con el liderazgo de la intervención, la comunicación con la persona afectada y con su familia, la gestión de la información o la priorización de actuaciones. La inexistencia de criterios comunes o la aplicación de protocolos diferentes puede generar dificultades que repercutan tanto en la eficacia de la intervención como en la experiencia de las personas atendidas.

Precisamente por ello se subrayó la necesidad de avanzar hacia protocolos compartidos y sistemas de coordinación que faciliten la cooperación entre organismos. La figura del puesto de mando avanzado fue señalada como un ejemplo de coordinación flexible, capaz de adaptarse a las características concretas de cada situación y de distribuir el liderazgo en función del tipo de riesgo presente y de la experiencia de los distintos equipos participantes.

Otro reto identificado fue la gestión de la información. Juan Espin explicó que los servicios de bomberos cuentan con bases de datos propias sobre las intervenciones realizadas, pero estos registros no siempre se comparten con otros organismos. La fragmentación de la información limita las posibilidades de análisis conjunto y dificulta la identificación de buenas prácticas, necesidades emergentes o áreas susceptibles de mejora. Disponer de sistemas de información interoperables permitiría comprender mejor la realidad de las intervenciones y fortalecer la capacidad preventiva de todos los servicios implicados.

La intervención desarrollada por el Servicio de Atención a Urgencias Sociales y colaboración en emergencias (SAUS) de Valencia fue presentada como un ejemplo de complementariedad entre servicios. Cuando finaliza la intervención estrictamente relacionada con el riesgo suicida, estos equipos pueden permanecer junto a la persona afectada y su entorno familiar, proporcionando acompañamiento emocional y apoyo social inmediato. Esta labor contribuye a humanizar la respuesta institucional y permite atender necesidades que habitualmente quedan fuera de la actuación de otros dispositivos de emergencia.

Una de las experiencias más consolidadas fue la presentada por Beatriz Soro Blanco, perteneciente a la Unidad de Prevención de la Conducta Suicida del Hospital Universitario de Burgos. La profesional expuso un modelo específico basado en la atención temprana, intensiva y especializada. El acceso a la unidad se produce mediante derivación desde los servicios sanitarios, garantizando una respuesta en menos de 72 horas y ofreciendo posteriormente un programa intensivo de intervención durante varios meses.

La experiencia de Burgos mostró cómo la rapidez de acceso, la continuidad de los cuidados y el trabajo especializado constituyen elementos determinantes para reducir el riesgo de nuevas tentativas. Asimismo, se destacó el valor de la intervención grupal y del seguimiento prolongado en personas que presentan antecedentes de intentos previos o factores de riesgo elevados. La recurrencia de las conductas suicidas fue precisamente uno de los aspectos que justifican la necesidad de modelos de atención sostenidos en el tiempo y no limitados a la gestión puntual de la crisis.

Por su parte, Nuria Gómez, desde el ámbito de las emergencias sanitarias, insistió en que la formación específica es una condición indispensable para una atención adecuada. Subrayó que la buena voluntad por sí sola no garantiza una intervención eficaz y que las actuaciones improvisadas pueden incluso aumentar el riesgo. La formación especializada permite comprender mejor la conducta suicida, coordinar adecuadamente las actuaciones y reducir errores durante momentos de gran vulnerabilidad para la persona afectada.

Asimismo, recordó que el acceso a los recursos disponibles continúa dependiendo en gran medida del territorio de residencia, dando lugar a respuestas heterogéneas y niveles de atención muy diferentes entre comunidades autónomas y municipios. Esta desigualdad territorial fue identificada como una cuestión que requiere especial atención en futuras estrategias de prevención.

La perspectiva social fue introducida por Mireia García, quien puso el foco sobre la necesidad de comprender la conducta suicida desde un enfoque biopsicosocial. Según explicó, la intervención sanitaria es imprescindible, pero con frecuencia resulta insuficiente si no se aborda simultáneamente el contexto en el que vive la persona. Factores relacionados con la vivienda, el empleo, las relaciones familiares, el aislamiento social o las dificultades económicas pueden actuar como elementos generadores o mantenedores del sufrimiento y, por tanto, deben incorporarse a cualquier estrategia de intervención.

Desde esta perspectiva, Mireia García defendió que el objetivo de la atención no debe limitarse a contener una situación de crisis puntual. Es necesario acompañar a la persona en la recuperación de apoyos, recursos y capacidades que le permitan afrontar las dificultades futuras de manera más autónoma y segura. La intervención debe orientarse no solo a reducir el riesgo inmediato, sino también a favorecer procesos de recuperación sostenibles en el tiempo. La mesa concluyó con un amplio consenso sobre la necesidad de fortalecer la coordinación entre servicios, garantizar el seguimiento posterior a las crisis y avanzar hacia modelos integrales que combinen atención sanitaria, intervención psicológica, apoyo social y acompañamiento comunitario. La continuidad de cuidados emergió como uno de los factores más determinantes para prevenir nuevas situaciones de riesgo y mejorar la calidad de vida de las personas atendidas.

“La buena intención sin formación no ayuda a disminuir el riesgo.” Nuria Gómez.

“La atención sanitaria por sí sola no es suficiente.” Mireia García

Continua a la Segunda Parte