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Valencia

Autor: Jorge Marredo Rosa. Psicólogo investigador. Coordinador del área de Gestión del Conocimiento, que presta sus servicios en el Creap a través de Grupo 5 Acción y Gestión Social S.A.U. La Ley 8/2021 ha supuesto un cambio profundo en la forma de entender el apoyo a las personas con discapacidad y, con ello, plantea preguntas muy concretas para quienes trabajamos en rehabilitación psicosocial. ¿Cómo se traduce el principio de autonomía en decisiones reales? ¿Qué cambia cuando la intervención deja de centrarse en sustituir decisiones y pasa a organizar los apoyos necesarios para que la persona pueda participar en ellas? ¿Cómo actuar cuando existen dificultades cognitivas, síntomas psicopatológicos o limitaciones relevantes para comprender determinada información? Estas preguntas están lejos de ser teóricas. Aparecen en la práctica diaria, en reuniones de equipo, en la elaboración de planes de atención, en la relación con las familias y en decisiones aparentemente pequeñas que, en realidad, afectan directamente a la autonomía y al proyecto de vida de la persona. Precisamente por eso, esta segunda edición del curso sobre Ley 8/2021 y su aplicación en rehabilitación psicosocial se ha planteado desde una perspectiva muy práctica: comprender el marco legal, sí, pero sobre todo aprender a reconocer qué implica en situaciones reales de intervención. El curso está dirigido a profesionales de los ámbitos sanitario y sociosanitario que trabajan en centros de rehabilitación psicosocial, centros de día, recursos residenciales, pisos supervisados, centros especiales de empleo, programas de empleo con apoyo y otros dispositivos vinculados a la rehabilitación psicosocial. La intención no es convertir a los participantes en especialistas en Derecho, sino ofrecerles un marco suficientemente sólido para interpretar los cambios introducidos por la Ley y trasladarlos con criterio a su trabajo cotidiano. Autonomía, apoyo a la toma de decisiones y realidad clínica Uno de los aspectos que más nos interesa trabajar como docentes es precisamente esa traducción entre la norma y la práctica. La Ley 8/2021 introduce principios como la autonomía, la inclusión, la no discriminación y el respeto a la voluntad y preferencias de la persona. Pero esos principios solo cobran sentido cuando se aplican a situaciones concretas: cómo se comunica una decisión, cómo se valora la comprensión, cómo se negocia un objetivo, qué apoyos pueden facilitar la participación o cuándo es necesario revisar la forma en que estamos interviniendo. En el ámbito del Trastorno Mental Grave (TMG), estas cuestiones adquieren especial relevancia. La existencia de un diagnóstico no determina por sí misma la capacidad de una persona para tomar decisiones, pero tampoco puede ignorarse que determinados síntomas, déficits cognitivos o circunstancias clínicas pueden dificultar, en momentos concretos, la comprensión, la deliberación o la expresión de preferencias. Por eso el curso dedica una parte específica a analizar la diferencia entre capacidad jurídica y capacidad de obrar, así como las formas de promover la autonomía sin simplificar situaciones que, en la práctica, pueden ser complejas. Ese diálogo entre el marco jurídico y la realidad clínica es uno de los elementos que hacen especialmente vigente esta formación. Se abordará cómo determinados diagnósticos y síntomas pueden influir en el funcionamiento y la comprensión, qué papel pueden desempeñar los déficits cognitivos asociados al TMG y cómo determinados efectos de la medicación pueden influir en el nivel de actividad o participación. El objetivo no es utilizar estos factores como argumentos para excluir a la persona de las decisiones, sino aprender a identificarlos para adaptar la comunicación, graduar los apoyos y favorecer una participación tan efectiva como sea posible. La formación también presta una atención especial a los derechos humanos. Autonomía, dignidad y participación no deben quedar reducidas a declaraciones generales: se concretan en la manera en que se formula una propuesta, se explica una consecuencia, se recoge una preferencia o se incorpora la opinión de una persona a su plan de atención. Por eso hemos querido que el curso combine los contenidos conceptuales con casos prácticos, ejemplos y situaciones habituales en los recursos de rehabilitación psicosocial. La utilidad de una formación como esta se mide, en buena parte, por lo que el profesional puede aplicar al volver a su puesto de trabajo. Una formación práctica para afrontar los retos actuales El curso será impartido por Víctor González Ayuso, psicólogo general sanitario, especialista en intervención y terapia familiar e investigador en el ámbito del estigma en salud mental, y por mi mismo, Jorge Marredo Rosa, doctor en Psicología, psicólogo general sanitario especializado en rehabilitación psicosocial y coordinador del área de Gestión del Conocimiento del Creap. Desde nuestra experiencia profesional e investigadora en el centro, hemos planteado los contenidos con una intención muy concreta: que sean rigurosos, actuales y, sobre todo, útiles para afrontar problemas que los equipos ya están encontrando en su práctica diaria. La formación tendrá una duración de 12 horas y se desarrollará íntegramente online del 13 al 27 de octubre de 2026. La automatrícula estará abierta los días 6, 7 y 8 de octubre a través de la Plataforma de Teleformación del Imserso. Si las plazas disponibles se cubren antes de finalizar ese periodo, la inscripción se cerrará automáticamente. Más allá de conocer una reforma legislativa, el objetivo es disponer de mejores herramientas para responder a una cuestión que atraviesa toda la rehabilitación psicosocial: cómo acompañar y apoyar sin sustituir, cómo proteger sin anular y cómo hacer posible que la persona participe de forma efectiva en las decisiones que afectan a su propia vida. Esa es, probablemente, la parte más exigente de la Ley 8/2021, pero también la que la convierte en un contenido especialmente actual y necesario para nuestra práctica profesional. Contenido relacionado Curso de Teleformación «Implicaciones prácticas de la Ley 8/2021 en Salud Mental»