Resumen de Artículo: Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social o Empresarial

Resumen.

En los más de 30 años de historia desde que fueron creados, han sido diferentes los momentos en los que ha sido revisada la normativa que regula los Centros Especiales de Empleo (CEE), aunque no ha habido cambios sustanciales desde la regulación inicial, a pesar de la evolución y los cambios del mercado de trabajo, y de las barreras encontradas también en este modelo de empleo protegido.

En la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social [1], aparecen ya definidos los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (CEEIS) [2]. Con esto, sigue sin haber una priorización legislativa clara del sector sin ánimo de lucro y de iniciativa social.

Objetivos.

Hacer una revisión de la normativa actual que regula los CEE y CEEIS, resaltando las diferencias históricas entre los centros impulsados por entidades sin ánimo de lucro y los desarrollados por empresas mercantiles, y su repercusión en la empleabilidad de las personas con especiales dificultades de inserción.

Aspectos relevantes del marco teórico.

Los Centros Especiales de Empleo han sido generados, dentro del empleo protegido, como un mecanismo de inclusión de las personas con discapacidad, mediante la contratación en estos centros, y como un paso hacia el empleo en la empresa ordinaria. Estos CEE pueden ser públicos o privados, y con ánimo o sin ánimo de lucro.

Desde los años 90 especialmente, ha habido un incremento significativo de CEE generados por empresas, incrementando el ánimo de lucro en entidades cuyo objetivo prioritario debería ser de naturaleza social. Esta nueva realidad ha puesto sobre la mesa cuestiones como si este tipo de entidades mercantiles deberían beneficiarse o no de los fondos públicos y de las bonificaciones propias de los CEE.

La Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, en su artículo 5, incluye de manera específica a los CEE como miembros de pleno derecho de la economía social. Este reconocimiento afecta a todos los CEE, sin tener en cuenta su naturaleza lucrativa o no, y por lo tanto, sin tener en cuenta si los centros cumplen con los principios básicos de la economía social (primacía de las personas y del fin social sobre el capital, aplicación de resultados al objeto social,…).

Los CEEIS, ya definidos legislativamente desde el año 2013, son aquellos que están promovidos y participados en más de un 50%, directa o indirectamente, por una o varias entidades, ya sean públicas o privadas, que no tengan ánimo de lucro o que tengan reconocido su carácter social en sus estatutos, … , y siempre que en todos los casos en sus estatutos o en acuerdo social se obliguen a la reinversión íntegra de sus beneficios para la creación de oportunidades de empleo para personas con discapacidad y la mejora continua de su competitividad y de su actividad de economía social, teniendo en todo caso la facultad de optar por reinvertirlos en el propio centro especial de empleo o en otros centros especiales de empleo de iniciativa social.

Desde el 9 de marzo de 2018, cuatro meses después de ser publicado en el BOE de noviembre 2107 la actual legislación estatal de contratos del sector público (LSCP), establece la obligación de realizar contratos reservados para entidades sociales, y una parte de los concursos públicos quedan reservados para que puedan licitar CEEIS. Es decir, para poder presentarse a dichos concursos no solo hará falta que las empresas sean Centros Especiales de Empleo, sino que además tendrán que estar catalogados como de iniciativa social.

Metodología.

Se realiza una exhaustiva revisión del desarrollo de los CEE en España desde la publicación de la LISMI (1982), profundizando en sus características más significativas, especialmente desde la consideración de CEEIS en el RDL 1/2013.

Además, se realiza un análisis comparativo y detallado sobre el cumplimiento de los principios fundamentales de la Economía Social por parte de los CEE y de los CEEIS, así como de la ley de contratos del sector público (LSCP).

Principales conclusiones.

Los CEE han sido generados para constituirse como entidades centradas en el fomento de la inserción laboral de las personas con discapacidad. Estas características son propias de entidades sin ánimo de lucro que centren su actividad en la persona. Sin embargo, en las últimas décadas ha ido creciendo de manera significativa el número de entidades mercantiles que generan CEE con ánimo de lucro, sin prácticamente inexistente una priorización ni diferencia legal entre ambos tipos de centro.

A pesar de algunas modificaciones legislativas realizadas a lo largo de los años de historia de los CEE, en la actualización normativa del 2013, cuando ya se incorporaron los CEEIS en la norma, se perdió una muy buena oportunidad para reforzar y priorizar la labor de los CEE sin ánimo de lucro.

Con la LSCP las administraciones públicas contratantes ya cuentan con los mecanismos legales para reservar contratos públicos a favor de los CEEIS. Mediante esta fórmula, la administración pública puede ser un mecanismo de incremento de contratación de personas con discapacidad en general, y con un diagnóstico en salud mental concretamente, en la medida que se considera su especial dificultad de inserción en el mercado ordinario de trabajo, impulsando la igualdad por medio de contratos públicos. Sin embargo, más de dos años después, aún se requieren ajustes en la normativa estatal y autonómica, como la determinación expresa en la norma de que los CEE han de tener la categoría de Iniciativa Social para la adjudicación de contratos públicos, que actualmente ha de ser entendido así mediante la interpretación de dicha norma.

Sería conveniente modificar la Ley de Economía Social, adaptándola a la realidad actual del sector de empleo protegido, y de manera que se determine de manera clara y precisa que sólo son empresas de economía social los CEEIS.

Bibliografía y/o antecedentes documentados.

García Sabater, Antonio Borja. Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social. Avances Legislativos y Ajustes Necesarios. CIRIEC – España. Revista Jurínica Nº 35/2019

Moratalla Santamaría, Pablo. Centros Especiales de Empleo. CIRIEC – España. Revista Jurínica Nº 29/2016

 

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[1] Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

 

[2] Art. 43.4

 

 

Autora: Lucía Estrugo Andrés

Referente de Educación Social del Centro de Referencia Estatal de Atención psicosocial.

 

 

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