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Valencia

Título Poder, estigma y coerción. Escenarios para una practica no autoritaria en salud mental. Resumen La Asociación Española de Neuropsiquiatría- Profesionales de Salud Mental, asociación multiprofesional, trabaja desde la defensa de los derechos de las personas con enfermedad mental (el compromiso con la sociedad, la defensa de un modelo de atención público, el impulso de la formación de los profesionales, la investigación, etc.). En el año 2016 en España se firma el “Manifiesto de Cartagena por unos servicios de salud mental respetuosos con los derechos humanos y libres de coerción” como punto de partida de un sistema que tendría como objetivo la supresión de estas prácticas y la reparación de las personas que las han padecido. El artículo comienza exponiendo qué es la coerción como parte de otros aspectos en la práctica de la salud mental y como a la hora de su práctica entran en conflicto evidencia y ética. Se plantea como legislaciones que buscan impedir formas de coerción pueden quedar anuladas o reducidas por la influencia de algunos aspectos del contexto como las estructuras sociales, las actitudes, la ideología y la desigual distribución de poder. También se valora la posibilidad de que este tipo de medidas “ayuden”, aunque solo se plantean dos posibles intervenciones en las que serían justificables las practicas coercitivas: como método de aplicación de tratamientos beneficiosos para evitar recaídas y rehospitalizaciones, y como método de control de la agitación y violencia. Como conclusión se evidencia la necesidad de un cambio en el desarrollo de prácticas coercitivas, no solo en la práctica asistencial sino también en la vida social y cultural y los contextos actitudinales que les sirven de base (estigma, exclusión y poder interpersonal). Objetivos Exponer la coerción no solo como un proceso individual sino como parte de un proceso político, social y cultural que es necesario que evolucione continuamente. Reflexionar sobre el conflicto que surge entre la ética y la evidencia a la hora de las prácticas coercitivas en intervenciones con personas con trastorno mental. Aspectos relevantes del marco teórico El artículo hace referencia al uso de técnicas y teorías empíricas a través de evidencias que presentan pruebas de calidad, recogidas siempre sobre motivos justificables, y que demuestren los resultados. Una vez expuestas las conclusiones los autores hacen recopilación y análisis para crear su criterio personal. El artículo se enmarca especialmente en la evolución, actuación y consecuencias de la coerción: La coerción se define como la “presión ejercida sobre alguien para forzar su voluntad o su conducta”. Aquellos que tienen poder usan la coerción como una estrategia de control social para actuar sobre aquellos que no lo tienen, por ello a los psiquiatras se les ha calificado como “policías de la mente”. Existen prácticas coercitivas más visibles (los ingresos involuntarios, la reclusión en una habitación de aislamiento, la sujeción mecánica, el uso forzado de medicación o la utilización de dosis por encima de los valores recomendados) y otras más sutiles (los premios y los castigos para conseguir comportamientos deseados, el uso de órdenes, las presiones y amenazas, etc.) que son habituales en el día a día. Cuando se examinan estas prácticas son controvertidas, defendidas desde el punto de vista de la evidencia como herramientas terapéuticas necesarias y denunciadas desde el punto de vista ético. Aunque la evidencia sobre las prácticas coercitivas es muy escasa, la existente ha ayudado a limitar algunas de ellas. Podemos plantear los contextos de la coerción en salud mental en dos niveles que se influyen mutuamente: un nivel micro (lo que sucede en los recursos asistenciales) y otro macro (político, social y cultural). En relación con el nivel macro, la coerción es parte de un conjunto de estrategias de control asociadas con el estigma, la discriminación y la exclusión de las personas con enfermedad mental que validan el uso de las prácticas coercitivas justificando “motivos de prevención”. Metodología La metodología en la que se basa el artículo es la investigación basada en la evidencia a través de la observación y de registros (estudios, ensayos, etc.) de diversas experiencias o conductas coercitivas que se han dado y de las respuestas de estas en cada persona. Esta práctica supone integrar la experiencia de los profesionales con las evidencias obtenidas de la investigación sistemática. Una vez obtenidas esas respuestas se han analizado y extraido conclusiones personales sobre la eficacia o no en determinados casos de medidas coercitivas en intervenciones de salud mental. La escasez de evidencias sobre las prácticas coercitivas dificulta la valoración personal, aunque las existentes han ayudado a limitar algunas medidas como el tratamiento ambulatorio involuntario (TAI) o la reforma Gallardón del Código Penal. Haber podido frenar estas medidas demuestra la oposición pública a prácticas antiéticas que vulneren los derechos de las personas con enfermedad mental. Principales conclusiones Cuando se examinan las prácticas coercitivas son controvertidas, defendidas desde el punto de vista de la evidencia como herramientas terapéuticas necesarias y denunciadas desde el punto de vista ético. Aunque la ética debería tener prioridad, la ética y el control social son difíciles de combinar en la práctica. La coerción forma parte de estrategias de control asociadas con el estigma, la discriminación y la exclusión de las personas con enfermedad mental que justifican el uso de las prácticas coercitivas como “medidas de prevención”. Del mismo modo estas prácticas coercitivas refuerzan el estigma, el autoestigma, la discriminación y la exclusión creando un “círculo vicioso”. Además, estas estrategias de control y poder interpersonal además de justificar las prácticas coercitivas ocultan las dificultades sociales y vitales de origen de las personas interfiriendo en el tratamiento de los problemas de salud mental. La evidencia sobre las prácticas coercitivas es muy escasa pero útil ya que la existente ha ayudado a limitar algunas de ellas. La falta de evidencias y los graves efectos adversos del aislamiento y la sujeción mecánica muestran la falta de efectividad de los tratamientos médicos forzosos y demuestran que la coerción destruye la relación terapéutica generando sufrimiento psíquico traumático. Se debe partir de cambios en los contextos actitudinales de base (estigma, exclusión, poder interpersonal) para disminuir las prácticas coercitivas y desincentivar su uso en algunos casos. Este cambio deberá incluir la reparación, la participación y el control por parte de las personas afectadas, la mejora de los dispositivos de atención alternativos en crisis, la potenciación de la atención domiciliaria y comunitaria fuera de los recursos sociales y sanitarios, la formación psicoterapéutica de los profesionales, etc. En el caso de prácticas vinculadas a actitudes de control y dominio no justificables éticamente es fundamental denunciarlas. Bibliografía (enlace artículo original) Bevía, B., Girón, M. (2017) Poder, estigma y coerción. Escenarios para una práctica no autoritaria en salud mental. Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. 2017; 37(132): 321-329 ; DOI: 10.4321/S0211-57352017000200001

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Jornada Emplea Salud Mental El día 21 de noviembre tuvo lugar en la sede de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana la jornada Emplea Salud Mental ¿y por qué no? organizada por la Confederación Salut Mental de la Comunitat Valenciana, la Asociación para la Salud Integral del Enfermo Mental (ASIEM), la Asociación de ayuda a personas con enfermedad mental de la Comunidad Valenciana (ACOVA), el Centro Estatal de Atención Psicosocial a personas con trastorno mental grave (CREAP) y la Asociación Valenciana de Rehabilitación Psicosocial (AVRISEM). La presentación de la jornada corrió a cargo del presidente de ASIEM, D. Gonzalo Nielfa que trasladó a la sala la necesidad de adquirir un compromiso social por parte de las empresas como elemento clave de la reunión. Pudimos escuchar las aportaciones de los distintos representantes de los protagonistas en el proceso de inserción laboral que, inauguraron la jornada hablando de los beneficios de fomentar el empleo dentro del colectivo de la salud mental. La experiencia nos dice que, las personas con problemas de salud mental sufren una vulneración continuada de derechos en el ámbito social y que, en definitiva, la discriminación laboral no hace más que ensanchar esa brecha. Dª Rocío Briones, directora general de empleo y formación de LABORA arrojó un poco de luz aportando datos estadísticos sobre la tasa de paro actual de este colectivo, trasladando a los presentes la necesidad de romper el molde en cuanto a las políticas establecidas. Es importante que las autoridades competentes se impliquen en el proceso desarrollando proyectos sociales y de empleabilidad y potenciar así, la autonomía de los usuarios. “Las personas no se recuperan solas, es compromiso de todos ayudarlas en este camino.” Uno de los aspectos en los que más incidieron tanto asistentes como ponentes fue precisamente, la coordinación sociosanitaria para que esa inclusión laboral sea real y eficiente. Punto clave que recoge la Estrategia de Salud Mental 2016-2020 en la Comunitat Valenciana. El mundo empresarial debe ayudar a alcanzar esta meta. Barreras encontradas Existen tres problemas a solventar para comenzar a trabajar en la inserción efectiva de las personas con problemas de salud mental: La discriminación ejercida por los propios compañeros de trabajo. La poca confianza que tienen las personas con discapacidad en sí mismas. La creencia extendida entre empleadores de que no van a poder desarrollar bien el trabajo. Todo ello, unido al estigma generalizado en la sociedad, hace complicada la empleabilidad. Por otra parte, la administración continúa adaptando las políticas de inserción laboral para determinados colectivos con riesgo de exclusión social pero, ocurre que la mayor parte de las veces, servicios de empleo y usuarios desconocen la existencia de estos programas. “La imagen que tiene la empresa está intoxicada por conceptos antiguos.” Contratar a una persona con problemas de salud mental no ha de ser garantía de nada, simplemente es una cuestión normal. Puede salir bien o puede salir mal como en cualquier otro caso. Mesa debate: Experiencias de empleo en salud mental Durante la primera mesa, sus protagonistas nos hablaron de su experiencia personal. Conocimos a Dª Eva, empleada del Centro Especial de Empleo FEIV que nos habló de de su necesidad de pagar facturas y poder tener autonomía económica para desarrollar su vida. Otro de los ponentes, D. Alejandro del Toro Ibáñez nos contó que en su restaurante, cuando busca perfiles para incluir en la plantilla, no pregunta por su salud. Hace tiempo que cuenta con Enrique en su equipo y considera que la experiencia ha sido satisfactoria desde el día uno. Considera que hay que ir conociendo a las personas y dar oportunidades, todos tenemos días buenos y malos. Surgió el debate sobre el desconocimiento generalizado dentro de los servicios de prevención de riesgos laborales en las empresas. La norma general es descartar al candidato una vez conocen su diagnóstico de salud mental. Fruto de la desinformación que existe en cuanto a las implicaciones de cada problema y los distintos grados de discapacidad. Y es que cada vez es más necesario hablar de capacidades y de personas, erradicando de una vez por todas, el lenguaje erróneo y los conceptos anticuados. Se habló de la importancia de que la empresa vea el beneficio de la contratación, no solo por responsabilidad social sino que, debe existir una ventaja bidireccional, en definitiva, que sea una relación win-win. “¿Qué necesitan las empresas?” Mesa debate: Información técnica y ayudas a la contratación En la segunda mesa de debate moderada por Dª. Lucía Estrugo, referente de educación social y responsable del programa empleo del Centro de Referencia Estatal de Atención Psicosocial, se trataron temas técnicos sobre procedimientos de contratación, bonificaciones y la tipología de contratos. D. Moisés Magallón, director de la administración 4605 de la tesorería de la seguridad social, trasladó a la audiencia la importancia de estar al corriente con las cuotas para poder optar a las bonificaciones correspondientes. Es importante además, disponer de toda la documentación actualizada con respecto a los trabajadores de la empresa. A continuación Dª Amparo Ortiz, subdirectora general de empleo en LABORA, explicó las medidas de apoyo que se han puesto en marcha por parte de los organismos públicos, distinguiendo entre los agentes destinatarios los siguientes: empresas de inserción de personas en peligro de exclusión y financiación de medidas de apoyo, entidades sin ánimo de lucro involucradas en todo el proceso y empresas ordinarias que efectúen contrataciones de colectivos vulnerables. Estas convocatorias se encuentran abiertas durante todo el año, llegando a financiar con ellas el 85-100% del salario de las personas contratadas. Conocimos más en detalle las medidas que se van a llegar a cabo dentro del Plan Director de Empleo Digno 2018-2020 de la mano de D. Francisco Rogero, director territorial de la Inspección de Trabajo. Entre otras cosas, se pretende conseguir una mejora de la empleabilidad del colectivo con discapacidad, que exista una contratación directa, combatir la discriminación social y poner en marcha acciones de sensibilización desde el enfoque de género y discapacidad. Es necesario partir de una buena información previa, apoyarse en la documentación y en los datos obtenidos, depurando la información y comprobando los resultados. Conclusiones y cierre de la jornada A lo largo de la reunión, quedó patente la importancia de una coordinación normalizada entre los centros de salud y atención psicosocial, los servicios de inserción laboral y la empresa. Las conclusiones a las que se llegó durante la mañana del 21 de noviembre fueron las siguientes: Las expectativas de la sociedad en general con respecto al colectivo de salud mental es baja. Las empresas se encuentran con obstáculos a la hora de la contratación. El sector empresarial es reacio a la contratación por experiencias pasadas. Tanto los servicios sociosanitarios como las empresas desconocen las medidas de apoyo disponibles por los gobiernos. Existe una desinformación generalizada. Las personas con problemas de salud mental no confían en sí mismas. El trabajo es bueno para la salud y por tanto, es un asunto sanitario. Asistentes y ponentes estuvieron de acuerdo en afirmar que, tener un problema de salud mental no debe ser un handicap para acceder al mercado laboral. Autoría. Área de Gestión del Conocimiento del Centro de Referencia Estatal de Atención Psicosocial (CREAP).